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El despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones representa un elemento fundamental en el desarrollo de un país, teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo de las actividades económicas de la nación, sin mencionar el impacto social que representa para sus habitantes. Por esta razón, los gobiernos deben observar con atención el estado de dichas infraestructuras y la constante actualización de las mismas.
El componente regulatorio es una herramienta bastante útil en situaciones como mercados monopolísticos, o con operadores con posición dominante. No obstante, existen situaciones en las que un gobierno deberá enfrentarse a la necesidad de ser el encargado de realizar el despliegue de estas infraestructuras, directamente o subsidiando a terceros.
La decisión de invertir en infraestructuras no representa en todos los casos la solución más adecuada para un país, considerando que las deficiencias en las redes pueden obedecer a un fracaso en las políticas de incentivos e impulso del mercado; o a las malas condiciones económicas del mismo, entre otros factores. Por lo tanto, el análisis previo de los motivos que originan la necesidad de inversión pública en redes de comunicaciones, debe establecer de forma definitiva la conveniencia de esta, y la inexistencia de soluciones alternativas menos costosas.
De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), si los reguladores deciden usar fondos públicos para invertir en redes de comunicaciones, existen 4 aspectos clave que deben tenerse en cuenta: i) mejorar la conectividad, ii) incrementar la competencia, iii) estimular la innovación/crecimiento, iv) incrementar el beneficio social. Proyectos que se enfoquen en uno de estos elementos y excluyan los otros no serán óptimos para los contribuyentes según la organización.
Un criterio preventivo que debe estar presente al momento de destinar presupuesto del estado en el despliegue de redes de acceso de nueva generación, debe ser el no desincentivar por este hecho la inversión privada. De lo contrario, se ocasionaría un grave retroceso en el desarrollo de redes en el país, considerando que probablemente los operadores preferirían acceder a las infraestructuras públicas a invertir en la implementación de las propias.
Con el fin de evitar circunstancias como la anteriormente descrita, el gobierno deberá identificar el cubrimiento de las infraestructuras de su territorio. Generalmente son las zonas rurales y las remotas las más desprovistas de redes, teniendo en cuenta que el despliegue resulta más costoso, considerando las mayores distancias que deben abarcarse y la menor demanda del servicio, por lo que resulta difícil alcanzar el equilibrio económico para los operadores.
Pero esto no es todo, es importante determinar en qué punto se centran las necesidades concretas de la comunidad; cuantos usuarios lograrán alcanzar las redes instaladas; observar si la capacidad de la red es suficiente para atender las necesidades de la población; determinar por cuánto tiempo podrán estas redes satisfacer la demanda de los usuarios y la posibilidad y facilidad de mejorarlas de conformidad con la evolución tecnológica.
En septiembre, la Comisión Europea publicó unos lineamientos para la creación de políticas dirigidas a financiar el despliegue de redes de banda ancha, en ellos, en aras de identificar el estado de cubrimiento de las infraestructuras clasificó las zonas en: blancas, donde no existen redes ni se prevé que existan en un futuro próximo (3 años); grises, en las zonas en las que existe una sola red; y negras, donde existen 2 o más redes.
Por otra parte, en el despliegue de infraestructuras, desde su planificación hasta su etapa operativa el gobierno debe establecer una política que garantice que las redes instaladas sean abiertas a todos los operadores presentes y futuros del mercado, de lo contrario se afectaría seriamente la competencia.
Ejemplos de políticas orientadas al despliegue directo los podemos observar en Australia, allí el gobierno creará una empresa que deberá encargarse de la implementación de una red nacional de fibra óptica, que costará alrededor de 31 billones de dólares americanos, convirtiéndose en la mayor inversión realizada por país alguno en una red de telecomunicaciones de este tipo.
Tanto en el caso australiano como en el europeo, se espera que mediante la inversión en infraestructuras se logré incentivar el empleo, y de esta forma dinamizar sus economías. Australia espera generar 37.000 empleos en el punto más alto del despliegue.
Es claro entonces que los gobiernos deben monitorear permanentemente el estado y cubrimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones en sus territorios y evaluar la necesidad de incentivar el despliegue de las mismas; ya sea mediante regulación, desregulación, o intervención directa, sólo de esta forma es posible combatir la brecha digital e incentivar la economía basada en TIC.
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