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Francia el país de la: "Libertad, igualdad y fraternidad", se ha convertido en el abanderado del control del intercambio de archivos en Internet, gracias a su iniciativa legislativa conocida como de los "3 strikes" o "HADOPI". Mediante dicha iniciativa se busca sancionar -después de 3 avisos- a los usuarios que intercambien ilegalmente contenidos en la red; las sanciones incluyen la desconexión del servicio de Internet hasta por un año, sin la posibilidad de contratar con otro proveedor.Esta que parecía una norma aislada, ha tenido eco en el entorno europeo, especialmente en el Reino Unido, en donde la Digital economy bill con el fin de asegurar -según el texto- que: "Gran Bretaña sea una de las principales economías del mundo del conocimiento digital y adelantar políticas que maximicen los beneficios derivados de la revolución digital", debe entre otras cosas, crear un marco normativo y regulatorio fuerte para combatir el intercambio ilegal de archivos y en general, las violaciones a los derechos de autor en la Red.
De acuerdo a la política británica, debe asignarse a Ofcom -el regulador del Reino Unido- la responsabilidad de reducir esta práctica y encargarle que exija a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) 2 obligaciones específicas: La primera, es la notificación de todas las actividades ilegales de intercambio de archivos; la segunda, es la de proporcionar los datos de los infractores recurrentes a los titulares de los derechos para que tomen las acciones correspondientes.
Aunque se expresen varias razones, ninguna resulta tan convincente como para demostrar que fomentan la economía digital, y de hacerlo, como este noble propósito puede primar frente a la serie de derechos afectados de los habitantes del territorio.
En la práctica, lo que se pretende es que el proveedor de servicios controle los archivos a los que acceden sus usuarios, para de esta forma determinar cuándo se descarga un archivo violatorio de los derechos de autor; lo que en el escenario de la mensajería, sería como tener a una persona encargada de requisar al cartero cada vez que deje algo en nuestro domicilio.
Puede considerarse que este ejemplo es exagerado y no aplicable para el control de tráfico en Internet, que los archivos siguen siendo anónimos y que se pueden identificar por sus características externas sin necesidad de revisar el contenido. Sin embargo, una vez implementados los sistemas de control, nada garantiza a los usuarios de Internet que su privacidad no va a ser afectada por los mismos.
Por otra parte, en el caso francés se exige a los usuarios de Internet que adopten las medidas de seguridad dictadas por la entidad competente, que garanticen que sus cuentas no van a ser utilizadas por terceros no autorizados; en el caso de reportarse una infracción desde una dirección IP que no haya implementado las medidas establecidas, este usuario verá afectada notablemente su presunción de inocencia - si es que en este contexto aún existe-.
No olvidemos además, que una sanción común en las dos normatividades será la desconexión del servicio de Internet y la imposibilidad de contratar el mismo con otro proveedor, incluso es posible que se obligue a continuar pagando la mensualidad. Imaginemos la aplicación de una sanción de este tipo a hogares o a residencias compartidas por estudiantes; evidentemente no sólo se castigaría al infractor, sino también a las personas que se beneficien de la conexión y que no hayan incurrido en la conducta sancionada.
No se incluyen en el anterior supuesto a los establecimientos como: Universidades, bibliotecas, cafés o bares, porque en el caso británico, se ha creado una figura que permite, -previo cumplimiento de ciertos requisitos- que estos sitios se configuren en una especie de facilitadores de conexión; eso sí, identificando plenamente a los clientes que accedan a la Red. - Ya se verán los efectos en el régimen de protección de datos personales -.
Los derechos de autor son de gran importancia, y deben ser protegidos eficazmente como base fundamental del desarrollo cultural de las naciones y como promotores de varías economías. Sin embargo, medidas de este tipo buscan ubicar dichos derechos por encima de los derechos fundamentales del hombre, situación con la que bajo ninguna circunstancia se puede estar de acuerdo.
Así lo expresaron varios bloggers españoles en el manifiesto: "en defensa de los derechos fundamentales en Internet", que circula a un ritmo viral en la red, a propósito del proyecto de ley de economía sostenible, que pretende otorgar facultades especiales al gobierno para adoptar en territorio español, medidas similares a las ya explicadas.
Es importante preguntarse entonces: ¿Están por encima los derechos de los autores sobre el bien común?¿Realmente aportan estas medidas al crecimiento y desarrollo de economías digitales? ¿Se acabarán las infracciones a los derechos de autor?
Con respecto a la última pregunta, la historia reciente no es muy alentadora, primero se luchó contra Napster, que más tardo en convertirse en legal, que en nacer Kazaa, Emule, y luego pirate Bay, SurftheChannel y un sinnúmero de sitios de intercambio de archivos o redireccionamiento de búsquedas.
Por lo tanto, pueden crearse más restricciones, sin embargo, el intercambio ilegal de archivos en la red no cesará hasta que no se ofrezcan alternativas efectivas a las personas. Es cierto que es difícil competir contra el concepto de gratis, que la publicidad no da para todo, y por lo tanto muchas iniciativas fracasan; mientras que servicios como LastFM o Spootify pueden subsidiar su modelo en países como Estados Unidos, tienen que restringirlo a pago en otros territorios, sin demostrar aún una sostenibilidad asegurada.
A pesar de esto está claro que el modelo tradicional de distribución de contenidos no tiene cabida en el entorno digital; nadie quiere verse obligado a comprar un álbum completo cuando sólo le interesa una canción; no es posible que se sigan estableciendo limitaciones territoriales a los contenidos, esto es parte de la esencia de Internet, conseguir una canción de una artista china, y no esperar a que su sello estudie si es rentable lanzarla en mi país, relacionado con esto, se debe procurar el impulso a tiendas de contenidos de acceso global.
Varios son los retos a los que se enfrenta la industria de contenidos en el escenario virtual, y pasan los años sin encontrarse soluciones efectivas al intercambio ilegal de archivos. Sin embargo, mientras se siga pensando que la solución son medidas coercitivas, los gestores de derechos seguirán siendo el sheriff de Nottingham, constantemente burlado por el Robin Hood de turno amparado por el favor de los aldeanos digitales.
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