HTC One Google edition: It's real and coming in summer
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Hace 29 minutos
Sobre el Tercer Canal
El retiro de PACSA cuyo integrante insignia es el grupo español Prisa y el condicionamiento hecho por Inversiones Rendiles (Grupo Cisneros) para la presentación de su propuesta, han llevado nuevamente el proceso de adjudicación del tercer canal al debate público.
Varios son los aspectos que preocupan a los proponentes que no se plantean presentar sus propuestas en las condiciones actuales. Sin embargo, tres merecen especial atención por ser los de mayor relevancia al momento de efectuar la licitación, como son: la red de transmisión, la banda de frecuencia y el mecanismo de selección del concesionario.
La red de transmisión
En el país existen actualmente dos redes de transmisión, una pública y la otra privada propiedad de Caracol TV y RCN TV; el problema al que se enfrenta el tercer canal es el alto costo de desplegar una red analógica propia, más aún cuando nos encontramos ante un periodo de transición hacia la televisión digital, por lo que amortizar el costo de una red camino a la extinción se presenta más que complicado.
En países como España existen empresas que ofrecen servicios de transmisión de señal de televisión en condiciones de acceso equitativas, por lo tanto, es posible para un canal solucionar la carencia de red contratando los mismos. No obstante, en Colombia las redes fueron concebidas en régimen de autoprestación, lo que no les impide por supuesto expandir su modelo de negocio.
El tercer canal tendría como alternativa entonces, negociar los servicios de red bien con los Canales Nacionales Privados o con RTVC; luego de solucionar aspectos como: el precio, condiciones de acceso y emisión, y especialmente el régimen de competencia.
La frecuencia
La frecuencia asignada al tercer canal será en UHF, circunstancia que ocasionará mayores gastos en infraestructura para lograr el cubrimiento proyectado por el operador, sin contar con la separación en el sintonizador del televisor entre el nuevo canal con respecto a sus competidores.
En este aspecto el gobierno ha sido enfático con respecto a la frecuencia asignada; por lo que los proponentes deberán analizar si las estimaciones económicas de los pliegos se ajustan a los pronósticos de cubrimientos e ingresos contemplados en su modelo de negocio. Es decir, si el precio de la concesión se ajusta a la proyección de ingresos realizada.
El mecanismo de adjudicación
Este es quizás el tema más polémico de la licitación, al margen de la discusión sobre la legalidad o no del mecanismo mixto de selección escogido por la CNTV, en el que se mezclan la subasta pura con la oferta de contenidos, es oportuno aclarar que más que un aspecto puramente legal, representa también un factor de conveniencia y transparencia.
En una subasta pura, los proponentes se centrarán exclusivamente en su propuesta económica, lo que sin lugar a dudas llevará a que los ingresos del Estado por la licitación sean superiores a los que se percibirían en un proceso donde se tengan en cuenta otros factores. Además, es el mecanismo que ofrece la mayor objetividad, transparencia y garantías para los oferentes.
No es ninguna teoría novedosa que el rating es el fundamento y sostén de la emisión de unos contenidos sobre otros. Pretender que obligando al tercer canal a ofrecer contenidos más variados se modificará la demanda del televidente colombiano, es ingenuo y no aporta de forma alguna al crecimiento de la televisión nacional.
Esta medida no sólo es innecesaria, incontrolable e inútil; sino que constituye uno de los mayores escollos para que un proponente participe en el proceso, teniendo en cuenta que lo incluye en un mercado en el que tendrá que competir con desventaja frente a los demás canales nacionales, -especialmente los privados- quienes no tienen este tipo de condicionamientos.
Si lo que la Comisión pretende es favorecer la diversidad temática de la televisión en el país, tiene mejores alternativas para lograrlo, como puede ser: entregar la administración de uno de los canales públicos a un tercero, estableciéndole los mínimos de contenidos deseados en cada clasificación; o con el dinero de más que recibirá por la subasta pura, incrementar los fondos para que los canales públicos cuenten con un mayor presupuesto que permita elevar la calidad de su programación.
Imaginemos un partido de fútbol en el que no gana el equipo que marca más goles, sino que se tendrá en cuenta también el que menos número de tarjetas amarillas y rojas acumule; adicionémosle además que este conjunto tendrá que jugar en un campeonato en el que los otros equipos podrán ganar sus partidos solo por goles. El número de goles es objetivo, el de tarjetas también, pero ¿tiene realmente sentido? ¿Es equitativo?
Es posible prorrogar indefinidamente el cierre de la licitación, pero esto no cambiará el hecho que el mecanismo de selección no es el apropiado para un proceso de esta envergadura, el país y la televisión pública agradecerían un replanteamiento del modo de selección escogido por la CNTV.
Al sostener el gobierno que se continúa con el proceso así quede un sólo proponente, es igual a decir que el canal se va a entregar por el precio base de la concesión, resultando como único perjudicado el Estado, que es quien deja de percibir los ingresos superiores que posiblemente se hubiesen logrado mediante la subasta y con la presencia de varios oferentes.
El problema al que se enfrenta la Comisión Nacional de Televisión es de gestión, adjudicar el tercer canal con un sólo proponente y por el precio base de la concesión, demostraría una pésima ejecución de la licitación, que redundaría en perjuicio de todos los colombianos - televidentes o no-.
Replantear el modelo en estas instancias sería más que bienvenido, beneficiaría a la televisión nacional que recibiría seguramente mayores ingresos; ayudaría a la transparencia del proceso ,al recuperar la confianza de los proponentes y la pluralidad de ofertas, además de ofrecer un factor de selección verdaderamente objetivo y libre de controversias.
Actualización 22/12/2009 6:50 pm: Inversiones Rendiles mediante cartas a la Comisión Nacional de Televisión y a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informa que no presentará propuesta a la licitación para la adjudicación del tercer canal.
Varios son los aspectos que preocupan a los proponentes que no se plantean presentar sus propuestas en las condiciones actuales. Sin embargo, tres merecen especial atención por ser los de mayor relevancia al momento de efectuar la licitación, como son: la red de transmisión, la banda de frecuencia y el mecanismo de selección del concesionario.
La red de transmisión
En el país existen actualmente dos redes de transmisión, una pública y la otra privada propiedad de Caracol TV y RCN TV; el problema al que se enfrenta el tercer canal es el alto costo de desplegar una red analógica propia, más aún cuando nos encontramos ante un periodo de transición hacia la televisión digital, por lo que amortizar el costo de una red camino a la extinción se presenta más que complicado.
En países como España existen empresas que ofrecen servicios de transmisión de señal de televisión en condiciones de acceso equitativas, por lo tanto, es posible para un canal solucionar la carencia de red contratando los mismos. No obstante, en Colombia las redes fueron concebidas en régimen de autoprestación, lo que no les impide por supuesto expandir su modelo de negocio.
El tercer canal tendría como alternativa entonces, negociar los servicios de red bien con los Canales Nacionales Privados o con RTVC; luego de solucionar aspectos como: el precio, condiciones de acceso y emisión, y especialmente el régimen de competencia.
La frecuencia
La frecuencia asignada al tercer canal será en UHF, circunstancia que ocasionará mayores gastos en infraestructura para lograr el cubrimiento proyectado por el operador, sin contar con la separación en el sintonizador del televisor entre el nuevo canal con respecto a sus competidores.
En este aspecto el gobierno ha sido enfático con respecto a la frecuencia asignada; por lo que los proponentes deberán analizar si las estimaciones económicas de los pliegos se ajustan a los pronósticos de cubrimientos e ingresos contemplados en su modelo de negocio. Es decir, si el precio de la concesión se ajusta a la proyección de ingresos realizada.
El mecanismo de adjudicación
Este es quizás el tema más polémico de la licitación, al margen de la discusión sobre la legalidad o no del mecanismo mixto de selección escogido por la CNTV, en el que se mezclan la subasta pura con la oferta de contenidos, es oportuno aclarar que más que un aspecto puramente legal, representa también un factor de conveniencia y transparencia.
En una subasta pura, los proponentes se centrarán exclusivamente en su propuesta económica, lo que sin lugar a dudas llevará a que los ingresos del Estado por la licitación sean superiores a los que se percibirían en un proceso donde se tengan en cuenta otros factores. Además, es el mecanismo que ofrece la mayor objetividad, transparencia y garantías para los oferentes.
No es ninguna teoría novedosa que el rating es el fundamento y sostén de la emisión de unos contenidos sobre otros. Pretender que obligando al tercer canal a ofrecer contenidos más variados se modificará la demanda del televidente colombiano, es ingenuo y no aporta de forma alguna al crecimiento de la televisión nacional.
Esta medida no sólo es innecesaria, incontrolable e inútil; sino que constituye uno de los mayores escollos para que un proponente participe en el proceso, teniendo en cuenta que lo incluye en un mercado en el que tendrá que competir con desventaja frente a los demás canales nacionales, -especialmente los privados- quienes no tienen este tipo de condicionamientos.
Si lo que la Comisión pretende es favorecer la diversidad temática de la televisión en el país, tiene mejores alternativas para lograrlo, como puede ser: entregar la administración de uno de los canales públicos a un tercero, estableciéndole los mínimos de contenidos deseados en cada clasificación; o con el dinero de más que recibirá por la subasta pura, incrementar los fondos para que los canales públicos cuenten con un mayor presupuesto que permita elevar la calidad de su programación.
Imaginemos un partido de fútbol en el que no gana el equipo que marca más goles, sino que se tendrá en cuenta también el que menos número de tarjetas amarillas y rojas acumule; adicionémosle además que este conjunto tendrá que jugar en un campeonato en el que los otros equipos podrán ganar sus partidos solo por goles. El número de goles es objetivo, el de tarjetas también, pero ¿tiene realmente sentido? ¿Es equitativo?
Es posible prorrogar indefinidamente el cierre de la licitación, pero esto no cambiará el hecho que el mecanismo de selección no es el apropiado para un proceso de esta envergadura, el país y la televisión pública agradecerían un replanteamiento del modo de selección escogido por la CNTV.
Al sostener el gobierno que se continúa con el proceso así quede un sólo proponente, es igual a decir que el canal se va a entregar por el precio base de la concesión, resultando como único perjudicado el Estado, que es quien deja de percibir los ingresos superiores que posiblemente se hubiesen logrado mediante la subasta y con la presencia de varios oferentes.
El problema al que se enfrenta la Comisión Nacional de Televisión es de gestión, adjudicar el tercer canal con un sólo proponente y por el precio base de la concesión, demostraría una pésima ejecución de la licitación, que redundaría en perjuicio de todos los colombianos - televidentes o no-.
Replantear el modelo en estas instancias sería más que bienvenido, beneficiaría a la televisión nacional que recibiría seguramente mayores ingresos; ayudaría a la transparencia del proceso ,al recuperar la confianza de los proponentes y la pluralidad de ofertas, además de ofrecer un factor de selección verdaderamente objetivo y libre de controversias.
Actualización 22/12/2009 6:50 pm: Inversiones Rendiles mediante cartas a la Comisión Nacional de Televisión y a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informa que no presentará propuesta a la licitación para la adjudicación del tercer canal.
Responsabilidad en Internet
Gran despliegue ha tenido el caso de Nicolás Castro, quien fue acusado de instigación para delinquir por supuestamente abrir un grupo en Facebook llamado: "me comprometo a matar a Jerónimo Uribe", hijo del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. También en Facebook se han abierto grupos para respaldar al agresor del primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
En Estados Unidos, una estudiante de ciencias mortuorias de la Universidad de Minnesota fue suspendida de la institución, ante el temor que generaron sus comentarios en Facebook a los instructores de su programa; en donde expresaba su deseo de realizar prácticas violentas a otras personas con instrumentos propios de su actividad académica. Al ser interrogada por la policía, la estudiante manifestó que simplemente se estaba desahogando por un problema sentimental.
Aunque los ejemplos expuestos tienen como factor común a Facebook, estas situaciones se han vuelto recurrentes a través de Internet, incrementando la tensión que representa para los países garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la constante lesión del ordenamiento jurídico que se lleva a cabo en la red.
Estas manifestaciones se realizan muchas veces bajo la concepción de Internet como un territorio aislado, donde lo real se convierte en virtual; sin embargo, esta división imaginaria no existe, las actividades en la red son simplemente una extensión de la personalidad del individuo, no una división de la misma.
En Estados Unidos, una estudiante de ciencias mortuorias de la Universidad de Minnesota fue suspendida de la institución, ante el temor que generaron sus comentarios en Facebook a los instructores de su programa; en donde expresaba su deseo de realizar prácticas violentas a otras personas con instrumentos propios de su actividad académica. Al ser interrogada por la policía, la estudiante manifestó que simplemente se estaba desahogando por un problema sentimental.
Aunque los ejemplos expuestos tienen como factor común a Facebook, estas situaciones se han vuelto recurrentes a través de Internet, incrementando la tensión que representa para los países garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la constante lesión del ordenamiento jurídico que se lleva a cabo en la red.
Estas manifestaciones se realizan muchas veces bajo la concepción de Internet como un territorio aislado, donde lo real se convierte en virtual; sin embargo, esta división imaginaria no existe, las actividades en la red son simplemente una extensión de la personalidad del individuo, no una división de la misma.
Esto significa que tanto los derechos como las obligaciones que cada estado le reconozca a sus habitantes tienen plena aplicación en Internet. Dentro de estos derechos debe destacarse el de la libertad de expresión.
Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental y prevalente, por lo que tiene primacía frente a otros derechos, de ninguna manera es absoluto, y de su ponderación ante una eventual lesión de terceros puede tener limitaciones y sanciones, incluso en el ámbito penal -como la injuria y calumnia (artículos 313 y 314 del código penal colombiano)-.
Las limitaciones se efectúan por regla general en cada caso concreto. Sin embargo la Corte Constitucional en Sentencia T- 391 de mayo 22 de 2007, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, ha entendido que no se encuentran cubiertas bajo la libertad de expresión las siguientes manifestaciones: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio. Estas cuatro categorías se han de interpretar con celoso apego a sus definiciones precisas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo de que se incluyan, bajo su alcance, formas de expresión que sí son legítimamente acreedoras de la protección constitucional.
No obstante lo anterior, se continua con la percepción que en Internet es posible realizar todo tipo de actividades sin restricciones, y mientras esta concepción se mantenga, seguirán presentandose casos de personas sorprendidas al verse en problemas ocasionados por comentarios u otras acciones realizadas en la red.
El problema incluso se incrementa en un ámbito "virtual", teniendo en cuenta el mayor alcance e impacto que tienen las conductas desplegadas, lo que puede potenciar el daño hacia las personas cuyos derechos son vulnerados.
Por otra parte, el anonimato tiende a animar a los individuos a pensar que bajo este manto es posible "tirar la piedra y esconder la mano"; nada más lejos de la realidad para la gran mayoría de internautas que no son especialistas en ocultar su rastro digital.
Un pseudónimo, una cuenta de correo electrónico falsa y acceso desde direcciones IP's diferentes a la propia, ya no son mecanismos que garanticen ocultar la identidad del infractor, menos ahora con el mejoramiento de las técnicas utilizadas por los especialistas en investigaciones en la red.
El anonimato no ayuda de forma alguna a fomentar el debate en lnternet, las opiniones sin autor carecen de la seriedad que exige el intercambio de ideas. Así mismo, la libertad de expresión se le reconoce a las personas identificables, no a los fantasmas "virtuales". Esto no implica desaparecer los pseudonimos de la red, simplemente es necesario tomer conciencia de la importancia de asumir la responsabilidad por las actividades que se realizan en ella.
Los abusos que se hacen de las facilidades y medios que se ofrecen en línea han traído como consecuencia iniciativas legales desacertadas; como proyecto de ley colombiana conocido como "libertad de expresión con responsabilidad", el cual se comentó en su momento. También en Argentina existe un proyecto legislativo que pretende que cualquier persona que se sienta vulnerada por una publicación en Internet, pueda solicitar al proveedor de servicios el bloqueo del sitio en donde esta se encuentra alojada.
Iniciativas de este tipo no solo desconocen la dinámica y funcionamiento de la red, sino también derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, es difícil defender la protección de los mismos, si a diario observamos conductas en línea que brindan argumentos a los proponentes de estos proyectos para promover leyes de este tipo.
La libertad de expresión es un derecho que históricamente ha costado y cuesta mantener a la humanidad, es tan íntimo e indispensable para la evolución de la sociedad, que debe ser defendido decididamente, incluso, frente aquellos ejercicios abusivos que desvirtúan sus nobles propósitos.
Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental y prevalente, por lo que tiene primacía frente a otros derechos, de ninguna manera es absoluto, y de su ponderación ante una eventual lesión de terceros puede tener limitaciones y sanciones, incluso en el ámbito penal -como la injuria y calumnia (artículos 313 y 314 del código penal colombiano)-.
Las limitaciones se efectúan por regla general en cada caso concreto. Sin embargo la Corte Constitucional en Sentencia T- 391 de mayo 22 de 2007, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, ha entendido que no se encuentran cubiertas bajo la libertad de expresión las siguientes manifestaciones: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio. Estas cuatro categorías se han de interpretar con celoso apego a sus definiciones precisas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo de que se incluyan, bajo su alcance, formas de expresión que sí son legítimamente acreedoras de la protección constitucional.
No obstante lo anterior, se continua con la percepción que en Internet es posible realizar todo tipo de actividades sin restricciones, y mientras esta concepción se mantenga, seguirán presentandose casos de personas sorprendidas al verse en problemas ocasionados por comentarios u otras acciones realizadas en la red.
El problema incluso se incrementa en un ámbito "virtual", teniendo en cuenta el mayor alcance e impacto que tienen las conductas desplegadas, lo que puede potenciar el daño hacia las personas cuyos derechos son vulnerados.
Por otra parte, el anonimato tiende a animar a los individuos a pensar que bajo este manto es posible "tirar la piedra y esconder la mano"; nada más lejos de la realidad para la gran mayoría de internautas que no son especialistas en ocultar su rastro digital.
Un pseudónimo, una cuenta de correo electrónico falsa y acceso desde direcciones IP's diferentes a la propia, ya no son mecanismos que garanticen ocultar la identidad del infractor, menos ahora con el mejoramiento de las técnicas utilizadas por los especialistas en investigaciones en la red.
El anonimato no ayuda de forma alguna a fomentar el debate en lnternet, las opiniones sin autor carecen de la seriedad que exige el intercambio de ideas. Así mismo, la libertad de expresión se le reconoce a las personas identificables, no a los fantasmas "virtuales". Esto no implica desaparecer los pseudonimos de la red, simplemente es necesario tomer conciencia de la importancia de asumir la responsabilidad por las actividades que se realizan en ella.
Los abusos que se hacen de las facilidades y medios que se ofrecen en línea han traído como consecuencia iniciativas legales desacertadas; como proyecto de ley colombiana conocido como "libertad de expresión con responsabilidad", el cual se comentó en su momento. También en Argentina existe un proyecto legislativo que pretende que cualquier persona que se sienta vulnerada por una publicación en Internet, pueda solicitar al proveedor de servicios el bloqueo del sitio en donde esta se encuentra alojada.
Iniciativas de este tipo no solo desconocen la dinámica y funcionamiento de la red, sino también derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, es difícil defender la protección de los mismos, si a diario observamos conductas en línea que brindan argumentos a los proponentes de estos proyectos para promover leyes de este tipo.
La libertad de expresión es un derecho que históricamente ha costado y cuesta mantener a la humanidad, es tan íntimo e indispensable para la evolución de la sociedad, que debe ser defendido decididamente, incluso, frente aquellos ejercicios abusivos que desvirtúan sus nobles propósitos.
Incentivos al despliegue de redes de nueva generación (NGN/NGA)
El despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones representa un elemento fundamental en el desarrollo de un país, teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo de las actividades económicas de la nación, sin mencionar el impacto social que representa para sus habitantes. Por esta razón, los gobiernos deben observar con atención el estado de dichas infraestructuras y la constante actualización de las mismas.
El componente regulatorio es una herramienta bastante útil en situaciones como mercados monopolísticos, o con operadores con posición dominante. No obstante, existen situaciones en las que un gobierno deberá enfrentarse a la necesidad de ser el encargado de realizar el despliegue de estas infraestructuras, directamente o subsidiando a terceros.
La decisión de invertir en infraestructuras no representa en todos los casos la solución más adecuada para un país, considerando que las deficiencias en las redes pueden obedecer a un fracaso en las políticas de incentivos e impulso del mercado; o a las malas condiciones económicas del mismo, entre otros factores. Por lo tanto, el análisis previo de los motivos que originan la necesidad de inversión pública en redes de comunicaciones, debe establecer de forma definitiva la conveniencia de esta, y la inexistencia de soluciones alternativas menos costosas.
De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), si los reguladores deciden usar fondos públicos para invertir en redes de comunicaciones, existen 4 aspectos clave que deben tenerse en cuenta: i) mejorar la conectividad, ii) incrementar la competencia, iii) estimular la innovación/crecimiento, iv) incrementar el beneficio social. Proyectos que se enfoquen en uno de estos elementos y excluyan los otros no serán óptimos para los contribuyentes según la organización.
Un criterio preventivo que debe estar presente al momento de destinar presupuesto del estado en el despliegue de redes de acceso de nueva generación, debe ser el no desincentivar por este hecho la inversión privada. De lo contrario, se ocasionaría un grave retroceso en el desarrollo de redes en el país, considerando que probablemente los operadores preferirían acceder a las infraestructuras públicas a invertir en la implementación de las propias.
Con el fin de evitar circunstancias como la anteriormente descrita, el gobierno deberá identificar el cubrimiento de las infraestructuras de su territorio. Generalmente son las zonas rurales y las remotas las más desprovistas de redes, teniendo en cuenta que el despliegue resulta más costoso, considerando las mayores distancias que deben abarcarse y la menor demanda del servicio, por lo que resulta difícil alcanzar el equilibrio económico para los operadores.
Pero esto no es todo, es importante determinar en qué punto se centran las necesidades concretas de la comunidad; cuantos usuarios lograrán alcanzar las redes instaladas; observar si la capacidad de la red es suficiente para atender las necesidades de la población; determinar por cuánto tiempo podrán estas redes satisfacer la demanda de los usuarios y la posibilidad y facilidad de mejorarlas de conformidad con la evolución tecnológica.
En septiembre, la Comisión Europea publicó unos lineamientos para la creación de políticas dirigidas a financiar el despliegue de redes de banda ancha, en ellos, en aras de identificar el estado de cubrimiento de las infraestructuras clasificó las zonas en: blancas, donde no existen redes ni se prevé que existan en un futuro próximo (3 años); grises, en las zonas en las que existe una sola red; y negras, donde existen 2 o más redes.
Por otra parte, en el despliegue de infraestructuras, desde su planificación hasta su etapa operativa el gobierno debe establecer una política que garantice que las redes instaladas sean abiertas a todos los operadores presentes y futuros del mercado, de lo contrario se afectaría seriamente la competencia.
Ejemplos de políticas orientadas al despliegue directo los podemos observar en Australia, allí el gobierno creará una empresa que deberá encargarse de la implementación de una red nacional de fibra óptica, que costará alrededor de 31 billones de dólares americanos, convirtiéndose en la mayor inversión realizada por país alguno en una red de telecomunicaciones de este tipo.
Tanto en el caso australiano como en el europeo, se espera que mediante la inversión en infraestructuras se logré incentivar el empleo, y de esta forma dinamizar sus economías. Australia espera generar 37.000 empleos en el punto más alto del despliegue.
Es claro entonces que los gobiernos deben monitorear permanentemente el estado y cubrimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones en sus territorios y evaluar la necesidad de incentivar el despliegue de las mismas; ya sea mediante regulación, desregulación, o intervención directa, sólo de esta forma es posible combatir la brecha digital e incentivar la economía basada en TIC.
El componente regulatorio es una herramienta bastante útil en situaciones como mercados monopolísticos, o con operadores con posición dominante. No obstante, existen situaciones en las que un gobierno deberá enfrentarse a la necesidad de ser el encargado de realizar el despliegue de estas infraestructuras, directamente o subsidiando a terceros.
La decisión de invertir en infraestructuras no representa en todos los casos la solución más adecuada para un país, considerando que las deficiencias en las redes pueden obedecer a un fracaso en las políticas de incentivos e impulso del mercado; o a las malas condiciones económicas del mismo, entre otros factores. Por lo tanto, el análisis previo de los motivos que originan la necesidad de inversión pública en redes de comunicaciones, debe establecer de forma definitiva la conveniencia de esta, y la inexistencia de soluciones alternativas menos costosas.
De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), si los reguladores deciden usar fondos públicos para invertir en redes de comunicaciones, existen 4 aspectos clave que deben tenerse en cuenta: i) mejorar la conectividad, ii) incrementar la competencia, iii) estimular la innovación/crecimiento, iv) incrementar el beneficio social. Proyectos que se enfoquen en uno de estos elementos y excluyan los otros no serán óptimos para los contribuyentes según la organización.
Un criterio preventivo que debe estar presente al momento de destinar presupuesto del estado en el despliegue de redes de acceso de nueva generación, debe ser el no desincentivar por este hecho la inversión privada. De lo contrario, se ocasionaría un grave retroceso en el desarrollo de redes en el país, considerando que probablemente los operadores preferirían acceder a las infraestructuras públicas a invertir en la implementación de las propias.
Con el fin de evitar circunstancias como la anteriormente descrita, el gobierno deberá identificar el cubrimiento de las infraestructuras de su territorio. Generalmente son las zonas rurales y las remotas las más desprovistas de redes, teniendo en cuenta que el despliegue resulta más costoso, considerando las mayores distancias que deben abarcarse y la menor demanda del servicio, por lo que resulta difícil alcanzar el equilibrio económico para los operadores.
Pero esto no es todo, es importante determinar en qué punto se centran las necesidades concretas de la comunidad; cuantos usuarios lograrán alcanzar las redes instaladas; observar si la capacidad de la red es suficiente para atender las necesidades de la población; determinar por cuánto tiempo podrán estas redes satisfacer la demanda de los usuarios y la posibilidad y facilidad de mejorarlas de conformidad con la evolución tecnológica.
En septiembre, la Comisión Europea publicó unos lineamientos para la creación de políticas dirigidas a financiar el despliegue de redes de banda ancha, en ellos, en aras de identificar el estado de cubrimiento de las infraestructuras clasificó las zonas en: blancas, donde no existen redes ni se prevé que existan en un futuro próximo (3 años); grises, en las zonas en las que existe una sola red; y negras, donde existen 2 o más redes.
Por otra parte, en el despliegue de infraestructuras, desde su planificación hasta su etapa operativa el gobierno debe establecer una política que garantice que las redes instaladas sean abiertas a todos los operadores presentes y futuros del mercado, de lo contrario se afectaría seriamente la competencia.
Ejemplos de políticas orientadas al despliegue directo los podemos observar en Australia, allí el gobierno creará una empresa que deberá encargarse de la implementación de una red nacional de fibra óptica, que costará alrededor de 31 billones de dólares americanos, convirtiéndose en la mayor inversión realizada por país alguno en una red de telecomunicaciones de este tipo.
Tanto en el caso australiano como en el europeo, se espera que mediante la inversión en infraestructuras se logré incentivar el empleo, y de esta forma dinamizar sus economías. Australia espera generar 37.000 empleos en el punto más alto del despliegue.
Es claro entonces que los gobiernos deben monitorear permanentemente el estado y cubrimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones en sus territorios y evaluar la necesidad de incentivar el despliegue de las mismas; ya sea mediante regulación, desregulación, o intervención directa, sólo de esta forma es posible combatir la brecha digital e incentivar la economía basada en TIC.
Requisar al Cartero
Francia el país de la: "Libertad, igualdad y fraternidad", se ha convertido en el abanderado del control del intercambio de archivos en Internet, gracias a su iniciativa legislativa conocida como de los "3 strikes" o "HADOPI". Mediante dicha iniciativa se busca sancionar -después de 3 avisos- a los usuarios que intercambien ilegalmente contenidos en la red; las sanciones incluyen la desconexión del servicio de Internet hasta por un año, sin la posibilidad de contratar con otro proveedor.
Esta que parecía una norma aislada, ha tenido eco en el entorno europeo, especialmente en el Reino Unido, en donde la Digital economy bill con el fin de asegurar -según el texto- que: "Gran Bretaña sea una de las principales economías del mundo del conocimiento digital y adelantar políticas que maximicen los beneficios derivados de la revolución digital", debe entre otras cosas, crear un marco normativo y regulatorio fuerte para combatir el intercambio ilegal de archivos y en general, las violaciones a los derechos de autor en la Red.
De acuerdo a la política británica, debe asignarse a Ofcom -el regulador del Reino Unido- la responsabilidad de reducir esta práctica y encargarle que exija a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) 2 obligaciones específicas: La primera, es la notificación de todas las actividades ilegales de intercambio de archivos; la segunda, es la de proporcionar los datos de los infractores recurrentes a los titulares de los derechos para que tomen las acciones correspondientes.
Aunque se expresen varias razones, ninguna resulta tan convincente como para demostrar que fomentan la economía digital, y de hacerlo, como este noble propósito puede primar frente a la serie de derechos afectados de los habitantes del territorio.
En la práctica, lo que se pretende es que el proveedor de servicios controle los archivos a los que acceden sus usuarios, para de esta forma determinar cuándo se descarga un archivo violatorio de los derechos de autor; lo que en el escenario de la mensajería, sería como tener a una persona encargada de requisar al cartero cada vez que deje algo en nuestro domicilio.
Puede considerarse que este ejemplo es exagerado y no aplicable para el control de tráfico en Internet, que los archivos siguen siendo anónimos y que se pueden identificar por sus características externas sin necesidad de revisar el contenido. Sin embargo, una vez implementados los sistemas de control, nada garantiza a los usuarios de Internet que su privacidad no va a ser afectada por los mismos.
Por otra parte, en el caso francés se exige a los usuarios de Internet que adopten las medidas de seguridad dictadas por la entidad competente, que garanticen que sus cuentas no van a ser utilizadas por terceros no autorizados; en el caso de reportarse una infracción desde una dirección IP que no haya implementado las medidas establecidas, este usuario verá afectada notablemente su presunción de inocencia - si es que en este contexto aún existe-.
No olvidemos además, que una sanción común en las dos normatividades será la desconexión del servicio de Internet y la imposibilidad de contratar el mismo con otro proveedor, incluso es posible que se obligue a continuar pagando la mensualidad. Imaginemos la aplicación de una sanción de este tipo a hogares o a residencias compartidas por estudiantes; evidentemente no sólo se castigaría al infractor, sino también a las personas que se beneficien de la conexión y que no hayan incurrido en la conducta sancionada.
No se incluyen en el anterior supuesto a los establecimientos como: Universidades, bibliotecas, cafés o bares, porque en el caso británico, se ha creado una figura que permite, -previo cumplimiento de ciertos requisitos- que estos sitios se configuren en una especie de facilitadores de conexión; eso sí, identificando plenamente a los clientes que accedan a la Red. - Ya se verán los efectos en el régimen de protección de datos personales -.
Los derechos de autor son de gran importancia, y deben ser protegidos eficazmente como base fundamental del desarrollo cultural de las naciones y como promotores de varías economías. Sin embargo, medidas de este tipo buscan ubicar dichos derechos por encima de los derechos fundamentales del hombre, situación con la que bajo ninguna circunstancia se puede estar de acuerdo.
Así lo expresaron varios bloggers españoles en el manifiesto: "en defensa de los derechos fundamentales en Internet", que circula a un ritmo viral en la red, a propósito del proyecto de ley de economía sostenible, que pretende otorgar facultades especiales al gobierno para adoptar en territorio español, medidas similares a las ya explicadas.
Es importante preguntarse entonces: ¿Están por encima los derechos de los autores sobre el bien común?¿Realmente aportan estas medidas al crecimiento y desarrollo de economías digitales? ¿Se acabarán las infracciones a los derechos de autor?
Con respecto a la última pregunta, la historia reciente no es muy alentadora, primero se luchó contra Napster, que más tardo en convertirse en legal, que en nacer Kazaa, Emule, y luego pirate Bay, SurftheChannel y un sinnúmero de sitios de intercambio de archivos o redireccionamiento de búsquedas.
Por lo tanto, pueden crearse más restricciones, sin embargo, el intercambio ilegal de archivos en la red no cesará hasta que no se ofrezcan alternativas efectivas a las personas. Es cierto que es difícil competir contra el concepto de gratis, que la publicidad no da para todo, y por lo tanto muchas iniciativas fracasan; mientras que servicios como LastFM o Spootify pueden subsidiar su modelo en países como Estados Unidos, tienen que restringirlo a pago en otros territorios, sin demostrar aún una sostenibilidad asegurada.
A pesar de esto está claro que el modelo tradicional de distribución de contenidos no tiene cabida en el entorno digital; nadie quiere verse obligado a comprar un álbum completo cuando sólo le interesa una canción; no es posible que se sigan estableciendo limitaciones territoriales a los contenidos, esto es parte de la esencia de Internet, conseguir una canción de una artista china, y no esperar a que su sello estudie si es rentable lanzarla en mi país, relacionado con esto, se debe procurar el impulso a tiendas de contenidos de acceso global.
Varios son los retos a los que se enfrenta la industria de contenidos en el escenario virtual, y pasan los años sin encontrarse soluciones efectivas al intercambio ilegal de archivos. Sin embargo, mientras se siga pensando que la solución son medidas coercitivas, los gestores de derechos seguirán siendo el sheriff de Nottingham, constantemente burlado por el Robin Hood de turno amparado por el favor de los aldeanos digitales.
Esta que parecía una norma aislada, ha tenido eco en el entorno europeo, especialmente en el Reino Unido, en donde la Digital economy bill con el fin de asegurar -según el texto- que: "Gran Bretaña sea una de las principales economías del mundo del conocimiento digital y adelantar políticas que maximicen los beneficios derivados de la revolución digital", debe entre otras cosas, crear un marco normativo y regulatorio fuerte para combatir el intercambio ilegal de archivos y en general, las violaciones a los derechos de autor en la Red.
De acuerdo a la política británica, debe asignarse a Ofcom -el regulador del Reino Unido- la responsabilidad de reducir esta práctica y encargarle que exija a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) 2 obligaciones específicas: La primera, es la notificación de todas las actividades ilegales de intercambio de archivos; la segunda, es la de proporcionar los datos de los infractores recurrentes a los titulares de los derechos para que tomen las acciones correspondientes.
Aunque se expresen varias razones, ninguna resulta tan convincente como para demostrar que fomentan la economía digital, y de hacerlo, como este noble propósito puede primar frente a la serie de derechos afectados de los habitantes del territorio.
En la práctica, lo que se pretende es que el proveedor de servicios controle los archivos a los que acceden sus usuarios, para de esta forma determinar cuándo se descarga un archivo violatorio de los derechos de autor; lo que en el escenario de la mensajería, sería como tener a una persona encargada de requisar al cartero cada vez que deje algo en nuestro domicilio.
Puede considerarse que este ejemplo es exagerado y no aplicable para el control de tráfico en Internet, que los archivos siguen siendo anónimos y que se pueden identificar por sus características externas sin necesidad de revisar el contenido. Sin embargo, una vez implementados los sistemas de control, nada garantiza a los usuarios de Internet que su privacidad no va a ser afectada por los mismos.
Por otra parte, en el caso francés se exige a los usuarios de Internet que adopten las medidas de seguridad dictadas por la entidad competente, que garanticen que sus cuentas no van a ser utilizadas por terceros no autorizados; en el caso de reportarse una infracción desde una dirección IP que no haya implementado las medidas establecidas, este usuario verá afectada notablemente su presunción de inocencia - si es que en este contexto aún existe-.
No olvidemos además, que una sanción común en las dos normatividades será la desconexión del servicio de Internet y la imposibilidad de contratar el mismo con otro proveedor, incluso es posible que se obligue a continuar pagando la mensualidad. Imaginemos la aplicación de una sanción de este tipo a hogares o a residencias compartidas por estudiantes; evidentemente no sólo se castigaría al infractor, sino también a las personas que se beneficien de la conexión y que no hayan incurrido en la conducta sancionada.
No se incluyen en el anterior supuesto a los establecimientos como: Universidades, bibliotecas, cafés o bares, porque en el caso británico, se ha creado una figura que permite, -previo cumplimiento de ciertos requisitos- que estos sitios se configuren en una especie de facilitadores de conexión; eso sí, identificando plenamente a los clientes que accedan a la Red. - Ya se verán los efectos en el régimen de protección de datos personales -.
Los derechos de autor son de gran importancia, y deben ser protegidos eficazmente como base fundamental del desarrollo cultural de las naciones y como promotores de varías economías. Sin embargo, medidas de este tipo buscan ubicar dichos derechos por encima de los derechos fundamentales del hombre, situación con la que bajo ninguna circunstancia se puede estar de acuerdo.
Así lo expresaron varios bloggers españoles en el manifiesto: "en defensa de los derechos fundamentales en Internet", que circula a un ritmo viral en la red, a propósito del proyecto de ley de economía sostenible, que pretende otorgar facultades especiales al gobierno para adoptar en territorio español, medidas similares a las ya explicadas.
Es importante preguntarse entonces: ¿Están por encima los derechos de los autores sobre el bien común?¿Realmente aportan estas medidas al crecimiento y desarrollo de economías digitales? ¿Se acabarán las infracciones a los derechos de autor?
Con respecto a la última pregunta, la historia reciente no es muy alentadora, primero se luchó contra Napster, que más tardo en convertirse en legal, que en nacer Kazaa, Emule, y luego pirate Bay, SurftheChannel y un sinnúmero de sitios de intercambio de archivos o redireccionamiento de búsquedas.
Por lo tanto, pueden crearse más restricciones, sin embargo, el intercambio ilegal de archivos en la red no cesará hasta que no se ofrezcan alternativas efectivas a las personas. Es cierto que es difícil competir contra el concepto de gratis, que la publicidad no da para todo, y por lo tanto muchas iniciativas fracasan; mientras que servicios como LastFM o Spootify pueden subsidiar su modelo en países como Estados Unidos, tienen que restringirlo a pago en otros territorios, sin demostrar aún una sostenibilidad asegurada.
A pesar de esto está claro que el modelo tradicional de distribución de contenidos no tiene cabida en el entorno digital; nadie quiere verse obligado a comprar un álbum completo cuando sólo le interesa una canción; no es posible que se sigan estableciendo limitaciones territoriales a los contenidos, esto es parte de la esencia de Internet, conseguir una canción de una artista china, y no esperar a que su sello estudie si es rentable lanzarla en mi país, relacionado con esto, se debe procurar el impulso a tiendas de contenidos de acceso global.
Varios son los retos a los que se enfrenta la industria de contenidos en el escenario virtual, y pasan los años sin encontrarse soluciones efectivas al intercambio ilegal de archivos. Sin embargo, mientras se siga pensando que la solución son medidas coercitivas, los gestores de derechos seguirán siendo el sheriff de Nottingham, constantemente burlado por el Robin Hood de turno amparado por el favor de los aldeanos digitales.
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